El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación dirigida a las plataformas de alquiler turístico que publican anuncios de viviendas sin licencia. Liderado por Pablo Bustinduy, el ministerio busca obtener información detallada sobre las propiedades anunciadas, especialmente en ciudades con un notable desajuste entre el número de viviendas ofertadas y las que poseen licencias válidas.
Según la Dirección General de Consumo, estas plataformas pueden estar incurriendo en prácticas comerciales desleales, sancionables bajo la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta ley, reformada en 2022, otorga al ministerio competencias amplias para sancionar infracciones que afecten los derechos de los consumidores.
El ministerio ya ha enviado requerimientos a las principales plataformas, incluyendo AirBnB, solicitando información sobre los propietarios de los inmuebles anunciados y la posesión de las licencias correspondientes. Este procedimiento es similar al adoptado recientemente contra aerolíneas por prácticas comerciales lesivas.
El problema de los apartamentos turísticos ilegales es significativo en varias ciudades, afectando el acceso a la vivienda. Por ejemplo, en Madrid, la oferta real de apartamentos vacacionales supera ampliamente el número de licencias emitidas. Esta situación ha llevado a que las autoridades locales tomen medidas, aunque muchas veces insuficientes debido a la magnitud del problema.
El Gobierno también ha formado un grupo interministerial para abordar el alquiler turístico, del que Consumo no forma parte. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda ha anunciado la creación de una plataforma estatal para registrar y monitorear los alojamientos turísticos, prevista para 2025. Paralelamente, Consumo utiliza su capacidad sancionadora para combatir la oferta ilegal.
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